N ° 28/2000
Buenos Aires, agosto 28 de 2000.-
La presunción de inocencia de todo acusado fue una de los más importantes avances del derecho penal liberal como herramienta de la defensa en juicio y de evitar los abusos de poder de los gobiernos sobre los ciudadanos. Para muchos solo parece una frase hecha incluida en las viejas constituciones, hasta que son sospechados o acusados de la comisión de algún delito, momento en que aquel principio vuelve a ser valorizado.
El escándalo político de los supuestos sobornos de la Presidencia de la Nación a algunos Senadores ha demostrado como repentinamente los transparentes aliancistas, en especial los frepasistas, han reivindicado el principio que le negaron, y niegan, por años a los ex funcionarios de la administración de Carlos Menem.
El Chacho Álvarez fue el campeón de aquellas acusaciones, al punto que llego a sostener que “los jueces tenían la oportunidad de reivindicarse condenando penalmente a ciertas personas llamadas emblemáticas”. En otras palabras los jueces serían buenos si encontraban culpables a Víctor Alderete, María Julia Alsogaray, Gerardo Sofovich, Claudia Bello, etc. Caso contrario se los amenazaba con llevarlos a juicio político.
Una justicia coaccionada por el poder político es más injusta que una dependiente porque es una simulación de justicia y hace más difícil para cualquiera advertir la ilegitimidad de sus fallos.
La semana pasada pudimos ver un nuevo ejemplo de intromisión y coacción a un Juez Federal por parte de Diputados Nacionales del Frepaso que ante una falta de mérito a Víctor Alderete dispuesta por el Juez Liporaci se presentaron a golpear su puerta y a gritarle insultos y amenazas. Lo cual algunos diarios del grupo Pravda (Clarín) informaron en forma positiva a pesar del horror institucional.
El Diputado Jorge Giles y las Diputadas Nilda Garré y María América González (todos del Frepaso) en las escaleras del edificio sede de los Tribunales Federales explicaron su presencia por haberse enterado por los medios de comunicación que se había dispuesto la falta de mérito de Víctor Alderete. No conocen el expediente, no saben los fundamentos del acto judicial pero les basta la información radial y televisiva para ir a increpar al juez y amenazarlo con el juicio político.
Una verdadera forma de coaccionar a los jueces y condicionar las decisiones de ese y los demás jueces. El Diputado Jorge Giles expreso lisa y llanamente “que hará juicio político al Juez Liporaci si se confirmar la falta de mérito que dictó ayer a favor del ex interventor del Pami, Víctor Alderete”.
En otras palabras ya no puede haber jueces independientes, sino que deben ser dependientes de los intereses y odios, ya no del gobierno entero, sino también de un grupo político.
Para ser claros estos tres Diputados han incurrido cuando menos en el delito de coacción agravada del artículo 149 ter, inciso 2, apartado a) del Código Penal de la Nación y asimismo en la previsión del artículo 66 de la Constitución Nacional por el cual la Cámara de Diputados debe excluirlos de su seno (expulsarlos) por “inhabilidad moral sobreviniente a su incorporación”.
De eso y no otra cosa se trata el apriete que el jueves hicieron estos Diputados.
Como siempre el escándalo del Senado trae otras derivaciones, ya que por caso el Senador Branda del Partido Justicialista de Formosa habría reconocido a la revista Noticias que en las votaciones muchas veces el Poder Ejecutivo negocia y otorga beneficios para las provincias, ayudas y subsidios, etc. Entre esas negociaciones estarían “registros de la propiedad automotor”.
La Diputada Nacional, Nilda Garré, es titular de uno aquí en la Capital desde hace varios años. ¿Cómo lo obtuvo?
Posteriormente también nos enteramos del procesamiento de María Julia Alsogaray por su ‘supuesto’ enriquecimiento ilícito. Digo supuesto porque el Juez Galeano ha dispuesto el procesamiento porque le quedan dudas sobre la justificación presentada por María Julia Alsogaray. Dudas que según la presunción de inocencia deberían haber sido para el juez causa suficiente para declarar la falta de mérito.
Pero el Juez Galeano en lugar de fallar a derecho, fallo de acuerdo a la presión política, ‘popular’ y publicada.
Y aquí viene a cuento como el escándalo del Senado muestra la existencia de dos derechos, de dos morales.
Bien expreso el Ministro Flamarique “en la historia de la humanidad por certezas y sin pruebas existió el nazismo”. En otras palabras Flamarique con acierto señala que ni siquiera la certeza sin pruebas es suficiente para condenar. Imaginemos cuanto menos las dudas sin pruebas.
Agrega más Flamarique “el nazismo tenía la certeza de que era una raza superior e hizo lo que hizo porque tenía certezas y no tenía pruebas”.
Cabe destacar que una de las más grandes victorias propagandísticas del
Comunismo ha sido lograr que las maldades del nazismo no le sean atribuidas a pesar que ambos partidos derivan del socialismo y han practicado idénticas metodologías.
El Frepaso, el radicalismo, la Alianza y el grupo Pravda (Clarín, La Nación, Página 12, Canal 13, Radio Mitre, etc.) han creado certezas, pero no tienen pruebas. Han llevado a que la gente condene a Alderete, María Julia Alsogaray, Gerardo Sofovich, Claudia Bello, Erman González, y decenas más solo por certezas, jamás una prueba. Por eso ahora necesitan apretar a los jueces, porque para ellos hay un derecho, para sus adversarios no.
Galeano en palabras de Flamarique es más que un nazi, ni siquiera tiene certezas, solo dudas. Y justamente investiga la causa de la voladura de la AMIA.
Después viene la doble moral y derecho del gobierno vestal según el Darío ‘Goebells’ Lapérfida. Este fantochesco Secretario de Incultura que reconoce ni siquiera haber terminado la escuela secundaria se escandaliza y grita en programas de televisión que no se puede sospechar de este gobierno porque es del Dr. De la Rua.
Tal vez sospechamos justamente por eso. Porque no olvidamos que el entonces Senador Fernando de la Rua impulsó y defendió un proyecto de ley para el mercado postal que Domingo Cavallo denunció como a medida de un grupo económico.
O porque jamás antes habíamos visto una circular que “prohibía a periodistas” entrevistar ministros sin autorización de nuestro aprendiz de Goebells. Circular que firmo Lopérfido y que solo podría servir a un gobierno totalitario, ni siquiera si fuera una dictadura. Su sola firma no se arregla con la posterior declaración irresponsable del mismo Lapérfida de hagan un bollito de papel.
Porque este gobierno denuncia a Claudia Bello por una contratación directa que entiende es irregular pero no podría explicar jamás que concurso ganaron Dick Morris y Ramiro Agulla. Porque fueron contratados en forma directa y ostensiblemente para prestar servicios particulares a la Alianza, no al Gobierno Nacional. Y eso señor Lapérfida es malversación de caudales públicos y administración fraudulenta.
Pero claro estamos en la Argentina de los dos derechos, uno para los elegidos y otro para los demás. Los elegidos, que en realidad son auto elegidos, son los dirigentes de la Alianza que sean progresistas. A ellos se les aplica cuando les conviene todas las garantías constitucionales. A los demás se les aplica el nazismo, el comunismo o el socialismo. Hasta las monarquías eran más transparentes, al menos los reyes se atribuían un derecho divino. Pero estos que se disfrazan de demócratas, que confiscan la moral y la ‘verdad’ –sus certezas- son mucho más peligrosos.