N ° 24/2000
Buenos Aires, julio 31 de 2000.-
Ricardo López Murphy es un economista que durante muchos años dirigió a FIEL y desde allí lanzaba propuestas de reducción del gasto público y casi descalificaba en forma destemplada a los funcionarios de la administración de Carlos Menem.
Tal vez su recomendación más recordada sea aquella de reducir los salarios de todos los empleados en un 10%. Recomendación que rechazaron Fernando de la Rua y Chacho Álvarez, pero que ahora superaron entre un 20% y un 50% más al descontar el 12% o 15% a los funcionarios públicos.
Como muestra de su cambio López Murphy descubrió que vivir en Adrogué no sentaba a su calidad de ministro y decidió instalarse en el chalet que el Ejército Argentino tiene destinado a vivienda del ministro de defensa en Campo de Mayo. Para instalarse este feroz hombre de tijera para recortar el gasto público se gasto además $ 3.000 en refaccionarlo a su gusto.
Obviamente $ 3.000 no son significativos, pero en el caso de López Murphy son emblemáticos de la falta de voluntad de recortar el gasto público en el gobierno de la Alianza, y de la falta de sinceridad de su discurso sobre la austeridad.
Esto explica porque López Murphy no solo sostiene que el ajuste de su cartera estaba hecho por la anterior administración, sino porque ahora pide planes “trabajar” para el Ejército Argentino. Que pida el presupuesto para pagar soldados y oficiales, pero no haga esta payasada.
Una muestra más de su cambio de ideas es la defensa de Fabricaciones Militares. Para López Murphy el problema de esa empresa estatal y militar es que las fuerzas de seguridad no pagan aranceles de importación por las armas y por lo tanto está en desventaja para competir. Por lo tanto sostiene que deben ponerse aranceles a esas importaciones y recién entonces podría privatizarse la empresa Fabricaciones Militares.
Una vez que sea competitiva nadie la va a privatizar. Por otro lado siguiendo su razonamiento vamos a entrar en una nueva ola de proteccionismo, ya que en cuanto protejamos a una empresa estatal nadie podrá impedir igual remedio para las empresas privadas.
Sin contar en la gravísima consecuencia que implicará para las fuerzas de seguridad y los ciudadanos que nuestras policías deban gastar más dinero para pagar por armas peores (las producidas por Fabricaciones Militares) o comprar menor cantidad por el incremento de precio. Todo para seguir subsidiando una industria militar que nos condena a perder guerras. Si las armas fueran buenas se venderían solas, como son malas solo nos las compramos nosotros mismos o las exportamos a países en guerra que las necesitan con desesperación. Pero luego enjuiciamos a los vendedores. También las hemos sabido exportar a revolucionarios, claro que eso lo hicieron Caputo y Jaunarena en 1986 y Alfonsín se encargo que la investigación fuera cerrada sin profundizarla.
López Murphy debería explicar su metamorfosis, como también reconocer que una cosa es criticar pero resulta muy distinto administrar el sector público.