N ° 23/2000
Buenos Aires, julio 24 de 2000.-
Hace algunos años la mafia se había apoderado de nuestro país: Alfredo Yabran según denunciaba el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo era el jefe de una mafia que pretendía apoderarse del control a los accesos aduaneros y postales de Argentina.
La “mafia” de Alfredo Yabran era tan sui generis que basto con que él se suicidara para que la mafia se haya terminado. Caso único en la historia, o tal vez la mafia era solo una “sota de copas”, un “ancho falso” que alcanzaba para cantar truco pero no para jugar de verdad.
Sin embargo en los últimos días pareciera que el viejo sueño atribuido a Alfredo Yabran lo está por alcanzar Juan Navarro. No porque compre el paquete accionario del Correo Argentino que tiene el grupo Macri, sino por la extraña reglamentación que impulsa Henoch Aguiar para el sector postal.
Resulta por demás extraño que el Secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar crea que hay que desregular el mercado de las telecomunicaciones (lo cual comparto) y a la vez cartelizar los servicios postales.
A esta altura de nuestras vidas, y con la gimnasia adquirida durante la administración del ex presidente Carlos Menem, extraña que Domingo Cavallo este callado. ¿O será que lo que era malo con Yabran es bueno para Juan Navarro?
También extraña que el Secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar tenga un doble criterio para ordenar los mercados postales y de telecomunicaciones cuyas direcciones se separan solo 180°.
Cuando el gobierno se lanzo a buscar buena onda en los empresarios el primero en salir a anunciar inversiones millonarias fue Juan Navarro. Alguna casualidad (¿o será causalidad?) parece existir detrás de doble criterio regulatorio.
La desregulación en materia de telecomunicaciones ha sido realizada en forma bastante desprolija, pero va en la buena dirección. Mientras tanto Henoch Aguiar pretende expulsar del mercado a los pequeños prestadores de servicios postales.
Para que no queden dudas las pequeñas empresas denunciaron que esta reglamentación era mucho más restrictiva que la que habría impulsado Alfredo Yabran antes de privatizarse ENCoTel.
Como testimonio además del interés del gobierno en bajar las tasa de interés se financia el canon anual a una tasa del 20% anual. Con esa tasa mejor pedirle el dinero a un usurero y pagarle de contado al gobierno.
El gobierno no tiene ninguna razón real para exigir capitales mínimos, cantidades de vehículos mínimas, sucursales, empleados, etc. Eso es lo que hacía desde el gobierno militar y de Alfonsín, que genero el mercado oligopólico atribuido a Yabran.
Todas las exigencias mínimas para prestar servicios o fabricar productos son barreras artificiales para el ingreso de nuevos oferentes al mercado. Su justificación histórica ha sido la “asociación” entre el rey y las oligarquías. Su permanencia en América Latina es consecuencia de habernos independizado políticamente de España pero no de su corrupta institucionalidad.
Todas las regulaciones de esta naturaleza tienen las mismas consecuencias en todo el mundo. Más burocracia y más corrupción para menos servicios a mayor costo. En otras palabras empresarios protegidos muy ricos y por lo general corruptos, empresas ineficientes, burócratas y políticos más corruptos, consumidores pagando el costo de esas regulaciones y de la corrupción.
Porque en el Estado existe una forma de corrupción mucho más costosa que una compra cara, direccionada, etc. Esa forma de corrupción son regulaciones para favorecer a unos pocos, hacerlos poderosos artificialmente y hacer que los ciudadanos deban pagar el costo de esas regulaciones en precios “supuestamente libres”. Es una forma de corrupción más elegante o profesional, más difícil de detectar y combatir.
Ciertamente el reglamentarismo genera nichos de corrupción. Cuando el reglamentarismo y restricción de la competencia provienen de funcionarios que en otras áreas promueven la competencia y desregulación es muy sospechoso. Las excusas podrán ser muchas pero nada puede evitar la sospecha por ese doble criterio político.
El proyecto de reglamentación para servicios postales de Henoch Aguiar genera aun una mayor porque se trata de un funcionario que ha predicado en contra del reglamentarismo. En otras palabras sabe muy bien el daño que le esta haciendo al libre mercado y como favorece a la corrupción.