N ° 23/2000
Buenos Aires, julio 24 de 2000.-
Desde hace unas semanas el gobierno viene anunciando nuevas políticas sociales para mitigar el desempleo. Esto fue para ir abriendo el paraguas ante el crecimiento del índice de desempleo. Una vez más se pusieron a gobernar por el marketing.
Lamentablemente hay que decir una vez más que este gobierno y los partidos políticos que la integran tienen una gran responsabilidad en este altísimo desempleo. Ellos se la pasan hablando de una herencia recibida pero omiten decir que parte de ella es consecuencia de sus actos.
La hiperinflación, el ahorro forzoso, el desagio, el no pago de los contratos y obligaciones, ni la deuda pública (solo un 10% de los intereses) y muchas otras barbaridades realizadas durante la gestión de Alfonsín generaron algo así como el 60% de la deuda pública actual. A ello hay que sumarle los intereses que pagamos por el alto riesgo país que todas esas políticas nos dejaron.
Luego ya en la administración de Carlos Menem tanto el UCR como el Frepaso se opusieron a las privatizaciones, desregulaciones y aun a la convertibilidad del Peso. Entre 1997 y hasta comienzos de 1999 atacaron la convertibilidad, obstruyeron reformas pendientes, etc. Todo lo cual genero que como desde 1997 se percibiera que serían gobierno en 1999 se postergaran inversiones y todavía hoy exista una comprensible desconfianza en este gobierno.
No se trata de una maldad, sino que hoy todos los argentinos debemos pagar la historia de los partidos de la Alianza.
Pero no solo la historia sino también sus políticas actuales.
Para crecer y desarrollarse la economía nacional necesita de nuevas inversiones. Para que existan inversiones hace falta un marco jurídico institucional como el establecido en la Declaración de derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional. Un marco donde los políticos y el gobierno respeten los derechos de propiedad y económicos de los ciudadanos y empresas.
Ello no sucede cuando se crean impuestos retroactivos, como hizo la Alianza en diciembre de 1999. Cuando mediante simples resoluciones administrativas por necesidades fiscales se establecen anticipos de impuestos por devengarse y gratis. Cuando por decreto se bajan salarios de empleados modificando el poder adquisitivo de los consumidores y la propiedad de los empleados. Cuando se anuncia que el IVA a las empresas de medicina prepagas privadas se destinará a un fondo de “redistribución solidaria”. Cuando se presiona a empresas concesionarias de servicios públicos para modificar contratos.
No es con más planes trabajar, ni con insultantes créditos para los empleados para que puedan consumir a los mismos empleados públicos a quienes se les rebajo el sueldo hace un mes.
El estado puede cobrarnos impuestos para pagar planes trabajar a quienes no trabajan. Y a la vez impide al sector privado dar empleo a esa gente por la misma cifra. Nos cobran impuestos para hacer clientelismo político y a la vez impiden que los desempleados encuentren trabajo con salarios menores a los de los “convenios colectivos” de no trabajo. ¿Cuántas empresas serían más competitivas si no se les cobraran altísimos impuestos y se les permitiera contratar desempleados serían más competitivas? ¿Cuánto más podrían exportar?
Estas políticas del gobierno actual solo generan inseguridad jurídica. Y con este marco institucional todo cuanto se haga solo seguirá siendo repartir pobreza e intentar echarle la culpa a otros de nuestros fracasos.