N ° 22/2000
Buenos Aires, julio 17 de 2000.-
¿De que otra forma llamar al grupo de legisladores de la Alianza que intentan liberar a los terroristas homicidas del sangriento ataque al Regimiento de La Tablada en 1989?
No podemos evitar quienes ya éramos adultos en enero de 1989 recordar aquellas imágenes brutales de un grupo de terroristas matando y sembrando a sangre y fuego el horror. Pero frente a la evidencia universal del crimen estos terroristas, las organizaciones defensoras de los derechos humanos de los terroristas, miembros del gobierno nacional que encabeza el Diputado Nacional Torres Molina (ex abogado defensor de los terroristas homicidas) y el Ministro de Injusticias y Abusos Humanos Ricardo Gil Lavedra, están forzando sancionar una ley para beneficiarlos.
En la legislación argentina se aplica la ley más beneficiosa para el reo, salvo que se trate de un emblemático denunciado por la Alianza y Clarín. Por esa razón las modificaciones propuestas para revisar el juicio oral y público contra los terroristas beneficiarán a los terroristas homicidas. Van a recibir el dos por uno y saldrán libres.
No es menor que estos delincuentes además ni siquiera se manifiesten arrepentidos del horror desatado. Todavía hoy están orgullosos y defienden haber matado conscriptos, policías y otros oficiales del Ejército Argentino.
En 1989 gobernaba el país el Dr. Alfonsín, no existe excusa alguna para justificar aquel artero, brutal y salvaje ataque. Pero algo huele todavía mal en todo este asunto.
Los terroristas atacaron en enero de 1989 con la excusa de sostener la democracia. Durante años solo sabíamos que habían sido condenados por un tribunal en juicio oral y público, pero repentinamente al volver a ser elegido un Presidente de la Nación del radicalismo el problema de estos delincuentes vuelve a cobrar fuerza.
¿Cabe preguntarse si es casualidad?
Sin perjuicio que no compartamos las ideas del ex teniente coronel Seineldín, en un reportaje radial esté denunció que Enrique Nosiglia se había reunido en Río de Janeiro con Gorriarán Merlo pocos días antes del ataque a La Tablada. Que el propio Alfonsín estaba al tanto de la maniobra de intentar atribuir un alzamiento al sector militar de los “carapintadas” para justificar establecer medidas de excepción.
El “independiente periodista José Ignacio López (entonces Secretario de Prensa de Alfonsín, hoy reincorporado a la claque oficialista de Canal 7) y todos los medios estatales (la gran mayoría de radios y televisoras) atribuían aun al mediodía de esa jornada que el ataque era obra de un grupo de carapintadas.
Franja Morada y otras agrupaciones izquierdistas enviaban “brigadas del café” a Nicaragua para colaborar con el sandinismo en la cosecha. Algunos decían que iban a recibir instrucción guerrillera y militar. Lo cierto es que por esos años Gorriarán Merlo era uno de los jefes de la policía política y torturadora del gobierno Sandinista encabezado por Daniel Ortega.
Demasiadas coincidencias para no sospechar que algo hay. Aun cuando bajo cualquier circunstancia hay que recordar que los presos por el ataque al Regimiento de La Tablada son delincuentes condenados en juicio oral y público, con el pleno ejercicio de su derecho de defensa y la más amplia libertad de prensa. Nada puede decirse en su favor como no provenga de una lealtad propia de camaradas comunistas.