N ° 21/2000
Buenos Aires, julio 09 de 2000.-
Fiel a las enseñanzas de su admirado Fidel Castro el Ministro del Interior Federico Storani en un meeting partidario dijo que el gobierno era transparente porque había “puesto preso a Alderete y por eso va a estar presa a María Julia Alsogaray en los próximos días”.
Solo faltaron las banderas rojas para que todos podamos saber donde estamos.
Habría que señalarle a este peligroso payaso que ocupa el Ministerio del Interior que la transparencia de un gobierno no se da por perseguir ex funcionarios, sino por su gestión. Justamente los ATN que hasta ahora ha firmado y repartido son bastante oscuros y partidistas.
El ministro del Interior tiene a su cargo las fuerzas de seguridad policiales y de fronteras. Como en la Alemania nazi, la Cuba de Castro, la URSS de Lenin y Stalin, donde sus ministros del interior detenían personas por ser opositores, pensar distinto, ser considerados políticamente peligrosos, Storani desnudó la perversa y corrupta trama de presiones sobre los jueces desatada desde la asunción del gobierno de Fernando de la Rua.
¿Qué hubieran dicho los políticos de la Alianza y su coro de periodistas progres si esas declaraciones las hubieran hecho Corach, Ruckauf o Manzano cuando fueron ministros del Interior?
Hubieran exigido la renuncia o despido.
Como se trata del gobierno del que son miembros, mentores, cómplices y encubridores esta vez la mayoría de los periodistas intentaron explicar que el Ministro Federico Storani había dicho otra cosa y en todo caso había sobre actuado. La explicación fue que Storani no dijo lo que dijo y todos podemos entender sino que no existía ningún pacto de impunidad.
Cuando los periodistas oficialistas instalaron la explicación por fin el Ministro Storani adhirió a ella. Claro que para eso olvido que sus palabras eran que “en una semana María Julia Alsogaray también estará presa”. Eso fue lo que dijo, porque pacto de impunidad existió (en 1989) y tal vez exista.
Las palmas de la obsecuencia se las llevo esta vez Adrián Ventura de La Nación quien profesionalmente hubiera sido capaz trabajar para Goebbels y explicar que las “relocalizaciones de judíos” en el Tercer Reich no eran ni genocidio, ni holocausto, sino un programa social. O en la Cuba de Fidel Castro podría justificar las detenciones y fusilamientos de los disidentes.
Una vez justificado el exceso verbal los excesos llegan solos, son la consecuencia directa de justificar la violencia verbal de los funcionarios, de sus presiones a los jueces.
Hasta ahora la Oficina de Encubrimientos y Persecuciones que dirige el ex Juez en lo Penal José Massoni bajo la órbita del Ministro de Injusticias y Abusos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, solo encuentra tiempo para investigar a los ex funcionarios de origen liberal. Víctor Alderete, María Julia Alsogaray, García Solá, Paco Mayorga, German Kammerath.
Pero mientras tanto omite denunciar todas las contrataciones directas y malversaciones de dineros públicos que hace el gobierno de la Alianza al que pertenece. Entre las cuales la más grosera deben ser los contratos de la Secretaría de Turismo a cargo de Hernán ‘Sushi’ Lombardi a los asesores personales del presidente, Dick Morris y Ramiro Agulla. Las contrataciones directas en el Pami de Cecilia ‘Lewinsky y Sushi’ Felgueras, Horacio ‘Bruto’ Rodríguez Larreta con las mismas empresas y mecanismos por los cuales denunció a Víctor Alderete.
Hay un pacto de impunidad para muchos. Por eso jamás se investigo el vaciamiento de las empresas estatales, bancos estatales, fraudulenta liquidación de bancos privados, reembolsos y créditos de promoción de exportaciones liquidados por la OPRAC I durante la gestión del gobierno de Raúl Alfonsín. Tampoco las groseras contrataciones de sus ministerios y secretarías, o ciertos privilegios otorgados al llamado grupo Yabran que hicieron los funcionarios de Alfonsín.
Porque además la hiperinflación significó licuar la posibilidad de investigarlos a todos. La alta inflación permitía encubrir y esconder los meganegociados, como fueron entre otros el gasoducto Loma de la Lata, el Digi II en ENTEL, el Megatel, hasta el traslado de la Capital Federal a Viedma (en el cual gastaron más de U$ 800 millones por ejemplo) etc.
En 1985 el Presidente Alfonsín con el refrendo del Ministro del Interior Troccolí ordeno detener a 12 personas por decreto y sin declarar el estado de sitio. Ya sucedió una vez y solo por razones electoralistas y partidarias, nada impide creer que Federico Storani, uno de los defensores en el Congreso de aquellas detenciones, no sea capaz de repetir aquellos atropellos a la libertad.
Algunos jueces ‘independientes’ justificaron aquellas detenciones por decreto. Por ejemplo Martín Irurzun hoy Camarista Penal Federal, que justamente acepto a la inconstitucional e ilegal Oficina Anticorrupción como parte querellante en las causas contra ex funcionarios. A eso algunos lo llaman independencia, pero mejor sería “obediencia no debida”.
Algunos podrán decir que durante le gestión de Menem se presionaba a la justicia para que no investigue. Debe ser verdad, y ciertamente a los ex funcionarios de Alfonsín no se los investigó ni persiguió, al punto que hasta volvieron como paracaidistas que nunca hubieran hecho nada.
Ciertamente es mucho más grave presionar a la Justicia, a los jueces y fiscales, para perseguir a otros. Máxime si las persecuciones son falsas y solo por marketing político. Hoy persiguen a ex funcionarios, mañana podemos ser todos
Para mayor gravedad algún miembro del gabinete ha reconocido ‘off the record’ que el consejero comunicacional y de campaña del Presidente De la Rua, el maquiavelista Dick Morris, aconsejo formular no menos de una denuncia semanal contra algunos de los ex funcionarios emblemáticos. Esa política debe ser mantenida al menos por seis meses para tapar el ajuste.
De la Rua que se precia de ser un republicano y demócrata, demostró que sus actitudes son solo palabras huecas al no echar a Federico Storani. Porque existen casos en que no debe siquiera pedirse o aceptarse una renuncia, que por otro lado Storani ni tuvo la dignidad de presentar, corresponde despedir al ministro.
Si De la Rua toleró esas palabras, como Alfonsín siguió adelante luego de aquellas ilegales detenciones, todos estamos en libertad condicional. Porque como sucedió en la Alemania Nazi, en la URSS o sucede en la Cuba de Fidel, si no nos ocupamos cuando vienen a buscar a un vecino, a otro, cuando vengan por nosotros no habrá nadie que pueda ayudarnos o siquiera escuchar nuestros gritos.
No existe mayor riesgo que un gobierno que viola los derechos y la libertad pretendiendo justificarse en una mayoría electoral.
El fariseo de siempre
Mariano Grondona, el otrora mentor del General Onganía, de los guerrilleros, luego del Proceso de Reorganización Nacional, en su dominical columna de La Nación* sostuvo que en una democracia más regular o seria Federico Storani debería haber renunciado.
Pero para reparar que su pluma estuvo alzada contra el gobierno que tanto adora, por ahora como siempre, dijo que la mayoría desea ver presos y condenados a Alderete y Maria Julia Alsogaray. Siempre tratando de quedar bien con el Diablo y Lucifer.
Verdadera demostración de su informe moralidad que no puede condenar la atrocidad de Federico Storani intentando taparla con la generación del odio hacia los emblemáticos.
Podría tan bien Grondona haber trabajado para Goebells en el Tercer Reich, o para Stalin en el Pravda, su cambiante moralidad le hubiera permitido colaborar con el odio por los judíos y los capitalistas.
*La Nación cuya conducta partidista ha quedado en parte desnuda al enterarnos que Nicolás Gallo es director de la empresa. Debe ser esa la razona por la cual son tan delaruistas, por la cual encubren todo cuanto en el gobierno de Menem hubieran denunciado y por lo que participan con tanto entusiasmo de la campaña de odio dirigida a algunos ex funcionarios.
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