N ° 21/2000
Buenos Aires, julio 09 de 2000.-
A veces las palabras con su uso reiterado y corriente van perdiendo su verdadero alcance, se desnaturalizan, se "corrompen". Es precisamente la palabra corrupción una de las que más sufre este proceso. Por eso es que nadie perece haber advertido hasta que punto la "promesa" del Ministro del Interior Federico Storani de que Maria Julia Alsogaray "en una semana estará presa" podría constituir un acto de corrupción de una gravedad tal que supera cualquier imputación hecha contra la ex funcionaria.
Corromper es desnaturalizar, alterar, trastocar, viciar, pervertir. No es una figura penal, salvo como delito contra la libertad sexual, aún cuando determinadas conductas que pueden caer bajo la denominación genérica de corrupción, si lo son. Por eso es que en el ámbito público la corrupción como concepto extra-penal está mucho más relacionada con la misión y los intereses puestos a cargo de los funcionarios, que con los delitos que cometan y que sean solo indirectamente expresión de ella.
Ocurre que nuestro sistema educativo es tan deficiente que las cuestiones mas sofisticadas como las institucionales, son analizadas con la sutileza de un orangután (con perdón de este animal tan simpático) y requieren una permanente docencia sobre la escala de valores en la que se sustenta la civilización.
La peor corrupción en la que podría incurrir un juez no sería la de robarse la lapicera que le asignó el Estado, sino la de ser parcial. La peor corrupción de un maestro tampoco sería llevarse las tizas, sino enseñar falsos conceptos. La peor corrupción de un periodista no sería cobrar por tergiversar la realidad, sino tergiversar la realidad en sí, aunque lo haga gratis, y así podríamos seguir interminablemente y demostrar que lo peor que podría haber hecho Storani, ya lo ha hecho. Si el cometido de un Ministro del Interior es velar por la seguridad de las personas y los bienes de los ciudadanos, ¿qué acto de corrupción mayor podría cometer el titular de esa cartera que el de utilizar los resortes de su poder para perseguir a determinados individuos?.
Es evidente que un funcionario que cobra un cohecho en determinada compra, se corrompe también y traiciona el deber genérico de velar por los intereses públicos, pero sólo estaríamos frente al acto mas grave que ese funcionario pudiera cometer si además de violar sus deberes genéricos, estuviera trastocando su misión específica, lo que coincidiría si se tratara de un funcionario encargado en particular de las compras.
No nos debe asombrar que en la Argentina haya cada vez mas jueces parciales, más maestros difundiendo falsos conceptos y más periodistas tergiversando la realidad, frente a una sociedad indolente y anómica. Es la directa consecuencia de la prédica de un nuevo "aluvión zoológico" -- esta vez pretendidamente intelectual--, que desde las benditas universidades gratuitas salió a batir el parche al infinito sobre las lapiceras, las tizas y los sobres y a asegurar mediante el encandilamiento de lo estridente, una impunidad ilimitada a la mas profunda podredumbre imaginable.
En ese sentido ineficiencia es sinónimo de la peor corrupción como destacó María Elena Walsh en un reportaje por el que fue muy criticada.
Si la sospecha que ha dejado flotando el Ministro respecto a que el encarcelamiento de Alderete (hecho ya consumado) obedece, no a conductas delictivas debidamente probadas, sino a un designio político y los jueces están actuando como meros instrumentos del poder de turno, tal vez nos encontremos frente al escándalo institucional más grave desde que la Argentina renació a la democracia.