N ° 20/2000
Buenos Aires, julio 03 de 2000.-
Todos escuchamos siempre las “nobles” excusas de los autoritarios para crear corporaciones profesionales por ley. Entre ellas está una no escrita: proteger los ingresos de los ‘profesionales asociados’ a costa de la gente.
Hace algunos días el Colegio Público de Abogados demostró cuan poco le importa la gente a esas corporaciones al intentar sancionar a un estudio de abogados por haber abierto una página en Internet para promocionar sus servicios y más grave aún a un muy bajo precio.
El propio Vicepresidente del Colegio Público de Abogados, Ángel Bruno denuncia que los honorarios que cobran son muy baratos y están por debajo de la ley de aranceles.
Obviamente Bruno y sus colegas en el Colegio Público deben haber estudiado leyes, pero no derecho, ni mucho menos la Constitución Nacional. Pero más allá de demostrar que estas corporaciones solo se transforman en quistes cancerosos de la libertad profesional y de contratar, que generan costos a la sociedad y transfieren dinero de los ciudadanos en forma arbitraria, también el caso demuestra para alarma de la ciudadanía toda que los abogados conocen muy poco y tan mal nuestra Constitución que es nuevo fracaso de la educación argentina.
Por fin mientras estos abogados y jueces impartan algo que llaman justicia, pero desconozcan la primera y más importante fuente del derecho que es la libertad contractual poca seguridad jurídica existirá en nuestro país. Los ciudadanos con legitimidad podrán desconfiar de la “Justicia Argentina”. Porque los jueces salen de las mismas facultades que los abogados que dirigen al Colegio Público de Abogados de la Capital.
A veces me da vergüenza decirme abogado. Cuando leí esa noticia me pregunte sinceramente si los directivos del CPACF sabrán cuanto daño hacen con su actividad.
Todos sabemos para que quieren los colegios profesionales obligatorios matrículas, bonos, aranceles y otras cosas. Para que sus directivos viajen a “congresos”, para comprar edificios ostentosos, y hasta para capacitar a la competencia de la mayoría de los socios.
Como ejemplo de estos dislates basta conocer los edificios de cada Colegio de Escribanos o Abogados (hablo de los forzosos, los obligatorios por ley). Y algunos ni siquera dan obra social, o la desfinancian para pagar edificios.
Y algunos hablan profesionales todavía se animan a hablar de los sindicalistas obreros. Primero barramos la basura de nuestras casas, después y solo después, tal vez tendremos autoridad moral para criticar a otros.
Porque no debemos olvidar que esos obreros y empleados representados por sus sindicatos pagaron la universidad de la mayoría de los profesioanles argentinos. Así es que antes de hablar de ellos, de reclamar desregulación de sus actividades empecemos por nosotros mismos.