N ° 20/2000
Buenos Aires, julio 03 de 2000.-
Será por una predica de varias décadas, será por prácticas autoritarias de su primer gobierno, pero muchos en la burguesía argentina tienden a identificar al Justicialismo con algún desprecio por las instituciones y al radicalismo con el republicanismo. Algo que es aceptado como verdad dogmática sin importar los actos en contrario.
Así no importa que desde la organización nacional en 1853 los primeros golpes de estado e intentos de mezclar a los militares en alzamientos contra el poder civil los hayan alentado Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen, ni que en casi todos los golpes de estado de la segunda mitad del Siglo XX los dirigentes del radicalismo casi siempre estuvieron mezclados y ocupando cargos en los gobiernos de facto.
Con Alfonsín y De la Rua existe un fenómeno que agrava ese dogma. Es que al ser presidentes electos por el voto popular sus atropellos a la Constitución Nacional son disimulados en una suerte de conspiración para ocultar tales violaciones. Algunos podrán pensar que es exagerado denunciar esta conducta de los gobernantes radicales pero bastaría hacer un pequeño recordatorio para, por lo menos, analizar la vigencia de nuestras instituciones.
Alfonsín sustituyó la moneda por decreto lo cual está reservado en forma excluyente al Congreso de la Nación. También intervino en los contratos privados, el desagio. Con la complicidad del Congreso estableció el “ahorro obligatorio”. En 1985 y solo por razones electoralistas, ordeno detener 12 personas por decreto sin sancionar siquiera el Estado de Sitio. Usurpo facultades judiciales, no solo por la naturaleza de la sanción, sino que para mayor gravedad lo hizo sin darle siquiera oportunidad de defenderse a esos doce ciudadanos.
No es menor señalar que el complot jamás fue comprobado lo cual demostró la arbitraria medida de Alfonsín al ordenar su detención. Pero eso sí, la UCR ganó esas elecciones de 1985 realizadas bajo estado de sitio.
En la reforma constitucional de 1994, Art. 120, y con el expreso objetivo de evitar la manipulación política por un presidente de los fiscales se estableció la independencia del Ministerio Público. Entre las primeras medidas de Fernando de la Rua se destaco la creación de la Oficina Anticorrupción para sustraer de los fiscales establecidos por la Constitución la persecución y el encubrimiento de causas penales.
Ahora pasados solo 6 meses de gobierno nos enteramos que De la Rua y Chacho Álvarez que prometían erradicar la práctica menemista de gobernar por decreto llevan más decretos de necesidad y urgencia que los firmados por el propio Carlos Menem en sus primeros seis meses de gobierno.
Para mayor gravedad algunos como el referido a la desregulación de obras sociales (en cuyo proyecto y espíritu coincido) son materias reservadas al Congreso de la Nación. La reforma de una ley de fondo por decreto presidencial entraña un grave peligro para el sistema institucional, máxime cuando ni siquiera el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto sobre esta materia al Congreso que este no hubiera tratado y se legisla para dentro de siete meses por razones de “necesidad y urgencia”.
En el fondo ese decreto demuestra que nuestro presidente De la Rua, cree que la democracia es solo el mecanismo para elegirlo. Por mucho que De la Rua y sus publicistas se llenen la boca con palabras graves en defensa de las instituciones republicanas es solo una mascarada. Con sus actos De la Rua demuestra, que para él, el Congreso está de más.
No se trata de cuestiones menores, sino de la necesidad de ajustar las conductas de los funcionarios a las instituciones, o cambiar a estas si no sirven. Para ello primero hay que aceptar la discusión de ciertos dogmas creados por algún periodismo militante partidariamente.
ConTRA la prensa también: Ningún gobierno democrático necesita de agencias de prensa oficial, la existencia de ellas está vinculada a regímenes autoritarios, totalitarios. Que un estado se ocupe de difundir noticias conspira contra la libertad de prensa.
Aquí en Argentina tenemos Telam, Radio Nacional y Canal 7. Cuando algunos gobiernos prometen o sueñan con privatizarlos solo esgrimen razones fiscalistas o de ajuste. Así sucedió hace poco con el anunció del Presidente De la Rua y su posterior marcha atrás.
Pero a la innecesariedad en una democracia de tener un Telam se suma ahora que De la Rua anunció en los EEUU que el Estado Nacional lanzaría un sitio de Internet para difundir noticias. El sitio tendrá por objetivo “difundir la información oficial y evitar las distorsiones en la información oficial” Esto fue informado por el propio De la Rua en la reunión con William Rhodes, vicepresidente del Citygroup (Citibank).
Con su voluntarismo habitual De la Rua debe pensar que los banqueros y hombres de negocios del mundo en el futuro leerán las noticias de Argentina en ese sitio. Tal vez también es una idea de su hijo Aito y sus partners punto com.
Si tenemos Telam como agencia de noticias oficial, que tiene su propia página de Internet, y el Estado necesita otra fuente de difusión de sus noticias para evitar distorsiones, mejor sería cerrar a Telam. Ya que no lo hacen porque sus funciones pertenecen a una concepción estatal antirrepublicana al menos para no duplicar gastos, ¿vio?
Por cierto que la prensa argentina dado que la amenaza por la distorsión de las noticias oficiales viene de un Presidente “Progresista políticamente correcto” evitaron criticar la iniciativa. Tal vez con la esperanza de conseguirse otra changa más pagada por el pueblo.