N ° 18/2000
Buenos Aires, junio 12 de 2000.-
El miércoles pasado el gobierno concreto un nuevo privilegio a favor de los bancos a través de la resolución 429 del Ministerio de Economía, por la cual se dispone la obligatoriedad de pagar los seguros exclusivamente a través de bancos.
La citada resolución dispone que las pólizas de seguros pagadas en efectivo a los productores de seguro ya no tendrán valor desde el 1 de septiembre. Supuestamente se busca evitar que algunos “productores de seguros” demoren el ingreso del pago de los asegurados a las compañías de seguros. Sin embargo la verdad es que se establece un nuevo privilegio y subsidio a uno de los sectores más protegidos y subsidiados de nuestra economía, además de resultar obviamente de los más ineficientes y caros.
La resolución es también un claro ejemplo de cómo los funcionarios pueden hacer “negociados” mucho más rentables por vía de reglamentaciones de mercado que en licitaciones de compras. Las licitaciones y adquisiciones son la distracción para hacer negocios mucho más grandes como él de la Resolución 429/2000 del Ministerio de Economía.
En primer lugar la consecuencia más obvia es que favorece a las compañías de seguros que son propiedad de bancos o están vinculadas con ellos, y coloca en desventaja a sus competidoras. La segunda es que obliga a las compañías de seguros a aceptar mecanismos de comercialización y pago a través de medios que pueden tener un costo adicional.
Para los consumidores es además una forma de intentar bancarizarlos también, pero además de poner en conocimiento de los bancos de mucha información sobre ellos. Todos sabemos que a partir de esa información se viola nuestra intimidad y se nos meten propuestas “promocionales” de tarjetas de crédito y otros servicios obviamente bancarios.
Si la causa fuera cierta ello no da igualmente derecho alguno al estado a entrometerse en relaciones contractuales privadas. Si las compañías de seguros tienen productores de seguros es porque quieren, nadie las obliga a ello, y si aceptan algunas demoras en el ingreso de los pagos es su problema, ni del estado, ni de los asegurados.
Más allá de todas las cuestiones del negociado es también la resolución una demostración de cómo este gobierno no tiene nada de liberal, porque en las cuestiones profundas desprecia la libertad contractual. Además abusa del poder en forma casi delictual.
Ni el ministro de Economía, ni el Presidente de la Nación, ni todo el Congreso de la Nación junto tienen poder o facultades para declarar no pagadas las pólizas hasta que sean pagadas a través de un banco o una tarjeta de crédito o para imponernos como pagar nuestros contratos.
Se trata de un abuso más contra la libertad de contratar, de comerciar, de ejercer libremente el trabajo. No puede aceptarse que el Estado se entrometa de esta forma en la actividad de los ciudadanos.
Dos consecuencias adicionales de la medida serán la concentración empresaria y desaparición de algunas compañías de seguros, y la pérdida de empleos. En otras palabras pérdida de competitividad por menor competencia y mayor desempleo.