N ° 14/2000
Buenos Aires, mayo 15 de 2000.-
No necesitamos esperar mucho tiempo para recibir los ecos de la elección del intendente porteño. En honor de la legalidad y legitimidad constitucional la primera y más importante cuestión es que los políticos de la Alianza y Encuentro por la Ciudad se pusieron de acuerdo para consagrar un gobierno alzado contra la constitución porteña.
Así es que dos lectores me enviaron unas reflexiones sobre el tema, la primera política:
· “Ibarra ha cambiado muy pronto de idea, tan pronto no llego al 50% más uno ya no cree que la ley dura es mejor que la mano dura y clama por la ley blanda.
Graciela Fernández Meijide expresó a La Nación (ver miércoles 10 de mayo pág. 4), ‘hubiera sido una campaña de enorme virulencia, por el carácter de Cavallo y de mucho gasto para el gobierno’.
Gracias por tu sinceridad Graciela pero no hacía falta que reconocieras quien pagaba la campaña. La campaña la tenía que pagar la Alianza no la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Gustavo del Torto.
· “Aunque Cavallo renuncie debe haber segunda vuelta: No sin sorpresa leo los discursos de quienes resultaron victoriosos en las pasadas elecciones porteñas del 7 de mayo, tendientes a evitar la segunda vuelta que impone la Constitución local. La mencionada norma fundamental prevé en su art. 96 que el jefe y el Vicejefe de Gobierno, deben ser electos por mayoría absoluta. Si ella no se logra en una elección, el mecanismo de la segunda vuelta, limitada la participación a las dos fórmulas más votadas, es el único previsto por la Constitución para legitimar al futuro gobierno. Así lo previeron los estatuyentes. Ahora es inevitable, a mí juicio, que pueda proclamarse electa una fórmula que no alcanzo la mayoría absoluta, so pena de incurrir quienes lo hagan en delito, en el que incurrirían al establecer un gobierno que no ha sido elegido de conformidad con la Constitución.
No es errado lo manifestado por el Ministro del Interior en cuanto a que la ley no obliga al Dr. Cavallo a presentarse a la segunda vuelta, pero sí yerra al creer que es evitable el acto electoral previsto para el próximo domingo 21. Porque aunque parezca insólito, la segunda vuelta debe realizarse aunque se presente una sola de las fórmulas, a fin de que obtenga la mayoría absoluta que la Constitución prevé como requisito de legitimación.
Ello implicará un costo lamentable, no solo de dineros públicos, sino, además, esfuerzo de miles de vecinos quienes deben participar como autoridades de mesa o electores. Es el precio de la democracia; el que deberemos pagar para tener un gobierno legítimo y por habernos equivocado al elegir los estatuyentes que nos legaron un sistema electoral calificable, cuando menos, de poco feliz. Javier López Biscayart, Abogado y profesor de derecho penal”
En igual sentido se pronunció Mariano Grondona en su columna dominical en La Nación, agregando a este razonamiento que la violación de la ley por la mayoría es propio de una democracia plebiscitaria, no de una democracia constitucional. Con un oculto temor por criticar a la Alianza, Grondona, aprovecho para fundar sus ideas criticando el intento de re-reelección de Carlos Menem.
Al Dr. Grondona habría que señalarle que la cuestión democrática no se trata de la imposición de la voluntad de la mayoría por sobre la ley, sino del respeto de los derechos individuales y garantías de su ejercicio y defensa por la mayoría, frente a todos, inclusive al estado. De otro modo, algún lector poco avisado y no conocedor de su trayectoria, podría entender, con razón, que Grondona según los tiempos justifica hasta el nazismo.
Porque no es solamente la mayoría, ni la ley lo que hace a una democracia constitucional. Ley y mayoría electoral tuvo Adolf Hitler. Se trata de los derechos individuales, de las garantías constitucionales, y del cumplimiento del mecanismo constitucional de elección de los gobernantes.
Pero en definitiva la verdad constitucional es una sola: la segunda vuelta no depende de la voluntad de los candidatos integrantes de las fórmulas más votadas, la sola presentación implica aceptar la obligación de la segunda vuelta. El gobierno de la ciudad y los jueces del Tribunal Superior dieron una muestra de sometimiento a las necesidades políticas de la Alianza y la dupla Cavallo-Beliz que deben llamarnos la atención.
No fueron solamente los candidatos y políticos envueltos en la elección, también el Presidente y Vicepresidente de la Nación y el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, alentaron, festejaron y consagraron la violación de la Constitución porteña.
Cuando se viola un mecanismo de elección de gobernantes, no importa el método y la elegancia del procedimiento, se viola un contenido fundamental de la democracia constitucional. La segunda vuelta debería hacerse porque la pésima constitución que la Alianza sancionó así lo dispone. No se trata de la voluntad de ir o no, a esa segunda elección de nadie. Al fin la verdad es que el próximo gobierno porteño será inconstitucional e ilegal.