N ° 10/2000
Buenos Aires, abril 17 de 2000.-
Con gran bombo y platillos por varios días el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía y la AFIP venían anunciando que darían a conocer los nombres de grandes evasores, de “ricos y famosos” evasores, etc.
Con la habitual corruptela de los políticos dejaron trascender algunos nombres a periodistas amigos que algún día devolverán los favores. Pero gracias a esa corrupta práctica de tirar la piedra y esconder la mano, la modelo Valeria Mazza recientemente designada por este mismo gobierno “embajadora de la carne argentina” interpuso una medida judicial que desató una prudencia inusual en los funcionarios, excepción hecha de Terrengaño que supone ser un demócrata.
Cuando el juez Dr. Speroni notificó a la AFIP que no podrían señalar a Valeria Mazza como evasora dado que no existía reclamo judicial alguno en su contra, ni mucho menos una sentencia, estableció un límite a la violación permanente de derechos que hace el estado.
La Constitución Nacional, como cualquier democracia y república genuinamente establecida, sostiene el principio y garantía constitucional del derecho de defensa en juicio. Mal pueden entonces los burócratas del Poder Ejecutivo, llámense ministros o directores de impuestos calificar a un ciudadano de evasor cuando no hay sentencia condenatoria.
Para ser evasor impositivo se requiere al menos la comprobación judicial de ello. Es un atropello, una violación del derecho al honor que la AFIP y los ministros señalen nombres de quienes ellos presumen evasores. Si tienen fundamentos para ello deben cumplir con su función y denunciarlos penalmente, pero no salir a deshonrarlos alegremente porque con ello creen combatir la evasión.
Los ciudadanos tenemos derecho a nuestra propiedad, a nuestro honor, a nuestra vida y libertad. Los funcionarios deberían tener ello bien claro, porque sus errores se pagan en juicios que pagamos entre todos. En especial deberían cuidarse los de la AFIP que hace pocos días fueron descalificados por el propio Presidente de la Nación en el caso Renault.
El Jefe de Gabinete en su incontenible deseo de figuración deslizó que estaba en desacuerdo con que Silvani, Director de la AFIP no hubiera dado a conocer la lista entera de los “ricos y famosos evasores”. Terragno tiene ese dejo autoritario que cree que el Estado puede andar difamando impunemente, que da lo mismo el poder ejecutivo que judicial, y que por fin como son “ellos” está bien.
Debería Terragno releer con cuidado la Constitución Nacional, la doctrina que la fundamenta y luego la sentencia del Dr. Speroni, tal vez entones comprenda que por una vez la decisión de Silvani y Machinea de abstenerse de dar un listado de presuntos evasores fue acertada.