N ° 09/2000
Buenos Aires, abril 10 de 2000.-
Una compañía tabacalera tuvo la ocurrencia de vender paquetes con solo 14 cigarrillos, entonces comprobamos la existencia del “poder impositivo”. También nuestra indefensión como ciudadanos.
Ante semejante actitud de ataque al orden institucional como es vender 14 cigarrillos, en lugar de 10 o 20, los funcionarios de la AFIP rápidamente desempolvaron un viejo decreto reglamentario que solo permite vender cigarrillos en fracciones de 5 o múltiplo de 5.
¿Desde cuando el estado, o la AFIP, tienen semejantes facultades? Desde que han usurpado nuestras libertades y garantías constitucionales en pro de la recaudación y las razones de estado. Desde que los jueces de nuestra patria traicionaron su juramento y permitieron que en virtud de leyes inconstitucionales que violan las libertades de trabajo, asociación de comerciar, el derecho de propiedad, etc. los burócratas y políticos se apoderen de ellos.
Por sobre todo en un mercado abierto la AFIP, ni ningún otro poder o funcionario, tienen ninguna facultad o poder para decidir como se han de vender los cigarrillos. Ni ninguna otras cosa. Pero lo hacen y todos parecemos aceptarlo.
El estado no tiene esas facultades ni desde el poder legislativo, ni del ejecutivo, ni de cualquiera de sus organismos impositivos, etc. para decidir esas cuestiones. Porque si así fuera mañana podrían decidir también en la AFIP el largo del corte del cabello, o de las polleras, etc.
Inclusive dentro de la competencia de Nobleza Piccardo, en Massalin Particulares (Phillips Morris) habrían presionado a la AFIP para que haga cumplir la “inconstitucional norma”. Y luego también habrían festejado que la AFIP le prohibiera a su competencia vender los atados de 14 cigarrillos.
Dan lástima esos ‘empresarios’ (con perdón de los verdaderos) que en lugar de competir con innovaciones en sus productos, o sus servicios, recurren al estado para detener a su competencia. Cuando lo hacen legitiman ese poder usurpado por la burocracia y los políticos. Los mismos que más tarde podrán avanzar sobre sus empresas con total impunidad, pero por su culpa también sobre nosotros.
¿De qué se quejarán mañana cuando el estado intervenga en sus empresas y mercados con restricciones a la libertad y al derecho de propiedad? No podrán hacerlo por imbéciles, porque hoy creen haber ganado una batalla comercial pero con su actitud justifican y legitiman el aumento del poder del estado y el detrimento de su libertad de empresa.
La diferencia será que como ellos son más grandes, tienen embajadores, tal vez puedan zafar, pero cuando los políticos avancen sobre derechos de los ciudadanos el daño es más difícil de evitar.
Pero lo ridículo de ver a los funcionarios de la AFIP, encabezados por el tecnócrata Carlos Silvani, decidiendo si pueden venderse, o no, atados de 14 cigarrillos debería ser una lección para todos nosotros en cuanto a la inmediata necesidad de eliminar los arbitrarios poderes de organismos como la AFIP.
Estamos llenos de organismos como ellos, sus funcionarios cada día mutilan nuestra libertad y nuestras propiedades. El caso de los atados de 14 cigarrillos de la marca Jockey Club debería servir para ilustrarnos de cuanto exceso de poder ha usurpado el estado y cuanto nos falta para llamarnos una economía de mercado. Cuanto debemos combatir aún para vivir en libertad.
Y todavía existe quienes sostienen que la nuestra es una economía de mercado, que existe un capitalismo salvaje. Lo único salvaje que aquí existe sigue siendo el estado regulador e intervencionista.
Por cierto que Silvani uso un justificativo bien torpe. Expreso que él debía impedir la venta de los atados de 14 cigarrillos porque un decreto lo disponía desde 1980. Salvando distancias, el cumplimiento de leyes, por ser tales formalmente, fue el argumento de la defensa de los criminales nazis en Nüremberg. Y como defensa, resulto bastante poco exitosa.
En Argentina existe una Constitución Nacional que garantiza los derechos de practicar industrias lícitas, de trabajar, de comerciar, el derecho de propiedad, etc. y el señor Silvani debería saber que esa es la primera norma que debe cumplir.
Claro que pedirle sentido común a los funcionarios parece imposible, ya que Silvani es el mismo funcionario cuyas dependencias establecieron que Renault Argentina debería pagar una multa de U$ 520 millones. Calificada de excesiva por el propio Ministro de Economía y que el Presidente de la Nación prometió al presidente de la compañía revisar por la misma razón.
Que Machinea y De la Rua se hayan reunido con el deudor sin tener a su lado a quienes han determinado la multa, ni los porqués, es un acto bastante irresponsable. Que además hayan prometido al “deudor” solucionarle la multa lleva a dos conclusiones más.
Deberían echar a Silvani. Si no lo echan es que tal vez la multa está bien. Pero ellos la “van a negociar”. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones de cuanto puede costar levantar semejante multa. Ni hablemos de las costas judiciales que podrían cobrar los abogados defensores de Renault cuando la modifiquen. Honorarios que vamos a pagar nosotros. Multa que le van a evitar a ellos, los mismos que nos quieren apretar para pagar más impuestos.
No nos alarmemos, no es la primera vez que De la Rua toma compromisos en privado y los cumple. Ya paso con Hagelin. Ahora es el turno de Renault. En un caso fue por el prestigio internacional de ellos y que Hagelin cambio de abogados por el padre y el hermano de Aníbal Ibarra. Ahora es para “salvar fuentes de trabajo y cuidar inversiones”. Las mismas que perdemos por presión tributaria excesiva y otras restricciones a la libre empresa.
Ello me explica porque de la Rua prometió bajar impuestos durante la campaña electoral y luego los subió al grito ante el Congreso de “quiero la plata”. Porque lo prometió en público y a los votantes. Esas promesas no son para cumplir, son solo conseguir votos. Las promesas privadas de pagar o evitar multas, parecen más “interesantes de cumplir”.
Pero todo tiene un mismo común denominador. El estado hipertrofiado decidiendo como se deben hacer los negocios privados. La corrupción de ambos casos, posible o real, no importa tanto como enfrentar el abuso de poder por el cual se llega a esas situaciones.