N ° 09/2000
Buenos Aires, abril 10 de 2000.-
En estos días ha vuelto a lanzarse una campaña de la Presidencia De la Rua, pagada con fondos públicos federales, para presionar al Senado de la Nación para que apruebe un proyecto de reforma laboral.
En los EEUU es un delito federal grave el uso de fondos federales para presionar, hacer lobby, etc. sobre el Congreso. Ni siquiera pueden hacerlo empleados de organizaciones civiles que reciban fondos federales. Obviamente tampoco esas instituciones privadas. Así de claro es en USA Ni siquiera un presidente podría usar fondos federales (públicos) para presionar la sanción de una ley ni al Congreso, ni aún a un legislador en particular.
La publicidad es engañosa porque una ley no resolverá el desempleo. Mucho menos una acordada entre el sindicalismo y el gobierno de la Alianza. Esos dirigentes sindicales con los que el mismo De la Rua acordó ante las cámaras de televisión y a quienes trato de “señores sindicalistas” en la propia casa de gobierno.
Pero la mayor ilegalidad de la campaña es la utilización de fondos públicos para presionar desde el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación. ¿Dónde quedo el republicanismo y el respeto por la división de poderes? En el olvido. ¿Es legal usar el dinero de los impuestos de esta forma? No, es delictivo, porque cuando menos implica la malversación de ellos.
Pero independientemente de la investigación penal que debería instruirse contra el locutor de recitales Dario Lopérfido, y hasta el propio Presidente de la Nación, lo grave es que se usen fondos públicos desde el poder ejecutivo para presionar a otros poderes constitucionales e independientes. Porque si mañana el Senado de la Nación decidiera contestar la publicidad también usarían nuestros dineros, los públicos.
Por cierto no resulta muy alentador pagar impuestos para que De la Rua y Lopérfido se la gasten en publicidad mientras no tenemos n i seguridad, ni justicia.