N ° 07/2000
Buenos Aires, marzo 27 de 2000.-
Como si el impuestazo no fuera suficiente el gobierno de la Alianza avanza en violar los derechos de millones de argentinos, y de privilegiar a algunos, casualmente los más poderosos. De ello se trata el proyecto de ley llamado de “emergencia económica”.
En primer lugar cabría señalar que en 1989 al asumir la Presidencia Carlos Menem sí existía una emergencia económica. Las reservas del Banco Central eran solo de U$ 30 millones, la inflación proyectada del último mes de gestión radical era de 25.000% anual, la cadena de pagos y abastecimiento se habían roto y también la cohesión social, llegándose a los famosos saqueos.
La crisis fiscal del estado que funda el proyecto es en primer lugar una profecía autocumplida. Con el impuestazo han logrado que la reactivación se transforme en recesión, lo cual lleva a una menor recaudación. Por lo tanto ha sido la propia gestión del Presidente De la Rua la que ha elevado el déficit fiscal, que ya era bastante grande.
Este proyecto viene a demostrar que siempre se hace pagar la fiesta a los mismos, y que a ciertos poderosos jamás se los toca. Por ejemplo bancos y empresas de servicios públicos. Excusas muchas, pero lo cierto es que si se los exceptúa de la “emergencia económica” se los privilegia.
¿Porqué jubilados, titulares de crédito con sentencia judicial favorable, contratistas, proveedores del estado cobrarán en bonos sus créditos y otros no?
¿Cómo puede pretenderse que existe estado de derecho, seguridad jurídica si el estado puede por ley suspender los plazos judiciales en su favor?
Y ello mientras a la AFIP le han dado poderes superiores a los de un juez que son usados hoy hasta para extorsionar a posibles deudores fiscales o a quienes quieren discutir la procedencia de los reclamos fiscales. Hoy si algun ciudadano o empresa se opone a una pretensión de la AFIP esta le embarga sus cuentas, corta la cadena de pagos, le genera rechazo de cheques, y luego hasta extorsionan para que los abogados de la AFIP cobren sus honorarios por el “embargo fiscal”.
Por el lado del empleo público la emergencia no tiene ninguna sutileza. La ley pretende facultar al Poder Ejecutivo para dejar sin efecto las designaciones y asignaciones de funciones gerenciales en los tres niveles superiores de la administración. Se trata del copamiento de la administración pública por parte de la Alianza como si se tratase de un botín de guerra.
Se trata de establecer una burocracia adicta al gobierno de turno. Para los criterios del ex Juez Massoni a cargo de la “Oficina de Encubrimiento y Persecuciones” se trataría de una asociación ilícita (si lo hiciera el menemismo)
Según el propio Presidente De la Rua tenemos un “estado que no sirve para nada” pero nos aumento los impuestos para mantenerlo y ahora quiere pagar sus deudas a algunos en bonos y a otros en dinero. Ello a discreción del Poder Ejecutivo, también renegociar los contratos de los proveedores y contratistas.
Estas renegociaciones tan discrecionales huelen ante todo a “peaje”, y para intimidar a los contratistas se establece que no podrán reclamar ni siquiera judicialmente lucro cesante. Bonita amenaza para obtener “renegociaciones”.
¿Las renegociaciones se harán por licitación?
En suma remachando el impuestazo nos quieren imponer una “emergencia económica” en la cual el Poder Ejecutivo se convierte en juez, parte, fiscal y es el deudor. De pasada se apoderarán de la administración para asegurarse las renegociaciones adecuadas. A eso lo llamo seguridad jurídica y transparencia. ¿O estoy equivocado?