N ° 05/2000
Buenos Aires, marzo 13 de 2000.-
La Ley de Ministerios aprobada en diciembre último ha sido un avance en la supresión de la división de poderes. El gobierno de la Alianza para dar cumplimiento a su promesa electoral de combatir la corrupción estableció en dicha ley la oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Injusticias y Abusos Humanos.
Las facultades investigatorias de dicha repartición suponen una violación de todas las garantías constitucionales del derecho de defensa en juicio y la igualdad ante la ley, así como la separación de las funciones judiciales y administrativas.
A tal punto esto es cierto que en estas tres últimas semanas hemos visto con claridad como la discrecionalidad que tienen dichos funcionarios sirve para perseguir a los adversarios políticos (tal vez empresariales también) y proteger a los nuestros (vaya a saberse quienes y cuando lo son).
Para una mejor comprensión esta Oficina Anticorrupción depende del Poder Ejecutivo Nacional y sus procedimientos no están sujetos a ningún Código de Investigaciones que permita siquiera realizar una defensa por el investigado, salvo que la misma repartición le concediera tal gracia a un ciudadano.
En primer lugar esa oficina puede requerir el auxilio de las fuerzas de seguridad hasta para obtener información privada, hacer allanamientos, etc. En segundo ellos deciden por la “significación” a quienes investigar y a quienes no. Así lo confesó el “Director de Investigación” de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido cuando expresó “la oficina no está obligada a investigar todos los casos, sino los puntuales. Está pensada para los grandes casos” y “tenemos equipos previstos especializados por temas, vamos a buscar la información al lugar en que se produce, nos constituimos en el lugar, ponemos oficina, juntamos papeles y entrevistamos a la gente” (La Nación, marzo 12 de 2000)
Si lo hubiera dicho Hermann Göering Ministro del Interior nazi, o Lenin, Stalin cualquiera de los comunistas de la KGB, no nos hubiera asombrado. Está dentro de la lógica del totalitarismo que el poder ejecutivo se arrogue facultades judiciales y de investigación, que lo haga en forma discrecional. Pero aquí en Argentina hay una Constitución y garantías constitucionales establecidas justamente para limitar a los gobiernos.
Se trata de un avance enorme del gobierno sobre la Justicia que se busca justificar en la necesidad de combatir la corrupción, pero lo cierto es que la Constitución Nacional prohibe que el Poder Ejecutivo Nacional se arrogue facultades judiciales, y al Congreso si se las diera lo condena con la pena de infames traidores a la patria.
Como demostración de la arbitrariedad de la Oficina Anticorrupción, el gobierno decidió que no sería querellante en la causa de la “mafia del oro” en la cual un fiscal de los EEUU ha formulado una importante acusación contra ex funcionarios argentinos inclusive. El perjuicio estimado fue de U$ 130 millones y para el gobierno no parece haber nada que investigar.
La revista Veintidós, de Jorge Lanata, denunció y dejo al descubierto un caso de corrupción de la intervención del Pami, el Director de la Oficina Anticorrupción que se había empachado con los flashes y cámaras de tv una semana antes desapareció y por una semana no dijo nada. Luego solo dijo que la investigación estaba cerrada. ¿Porqué?
A mayor escándalo Veintidós en su última edición señala que tiene los teléfonos intervenidos, que el cuñado de la Fernández Meijide e Interventor en el Pami, llama a periodistas a desmentir conversaciones de los periodistas de la revista. Y que la transparente Cecilia Lewinsky Felgueras “apretó y le gritó” a José Massoni que cerrara la investigación por vía telefónica, con tan mala suerte, que sucedió mientras Massoni era reporteado por la revista.
La posibilidad de que un funcionario dependiente del ejecutivo sea quien decida que, quienes y como investiga, y a quienes no, es la demostración de la arbitrariedad e inconstitucionalidad de este organismo.
La actuación en el caso del Pami por la denuncia de Veintidós es una clara muestra de su direccionalidad política, solo actúa contra los casos “emblemáticos” que el gobierno y los medios, impongan como tales.
Llegado a este punto cabe preguntarse si alguien que sea señalado como un “caso emblemático” tiene todavía alguna garantía de tener un juicio justo. Así funcionaba el “terror rojo” leninista, se establecían quienes eran los emblemáticos contrarevolucionarios, especuladores y demás y se los ajusticiaba, algunos sin juicio.
Claro que aquí no se llegará a tanto como a fusilar a los opositores. Pero, si se llega a ese nivel de condena pública, a esa presión sobre los jueces, ¿Cómo asegurar un juicio justo? ¿Cómo evitar algún acto de violencia inducido?
Como se aprendió con dolor, sangre y horror durante las dictaduras nazi y comunistas, si no haces nada cuando vienen por tu vecino, cuando vengan por ti no habrá tampoco nadie que te ayude. La hora de defender las libertades y garantías constitucionales de nuestra república es ahora, es cada día. Y no debe aceptarse ningún argumento de “estado” que permita justificar las violaciones de ellas.
Además esta oficina demuestra como la Constitución Nacional es manipulada según los intereses transitorios de cada nuevo gobierno. Cuando en 1994 se reformó nuestra constitución el radicalismo acordó el art.120 que dispone que el Ministerio Público fuera un órgano independiente de los demás poderes. Entonces querían alejarlo de la administración del Presidente Carlos Menem. Para sorpresa de muchos muestra como este a pesar de tantas acusaciones de autoritarismo y mesianismo respeto una norma constitucional que fue establecida para limitar su poder.
Aquello que tanto repetían cuando se pretendía la re-reelección de Menem, que las constituciones no pueden ser hecha a la medida de cada gobierno, de cada presidente, cayo en el olvido para los dirigentes de la Alianza.
Como el gobierno de la Alianza no puede manipular al Ministerio Público, los fiscales, con facilidad creo esta Oficina Anticorrupción que es dependiente del presidente. Y así la nave va con rumbo a violar los derechos de los ciudadanos y la legalidad constitucional.