N ° 05/2000
Buenos Aires, marzo 13 de 2000.-
Durante muchos meses los docentes levantaron una carpa blanca frente al Congreso de la Nación en reclamo de mejoras salariales. Tanto el periodismo, como la mayoría de los “pensadores” y políticos opositores a la administración del Presidente Carlos Menem visitaron a los docentes “ayunando” en la carpa.
Al fin como solución a la entonces Ministro de Educación, Susana Decibe se le ocurrió confiscar entre el 5 y el 7,5% de los automóviles, aviones, barcos y camiones de los argentinos. Así nació un tributo inconstitucional llamado Fondo de Incentivo Docente. Por dicha ley el Gran Hermano Estado Nacional nos despojaría del 5 al 7,5% (según el caso) de nuestros vehículos para entregarle ese dinero a los “hermanos docentes”.
Reiteradamente señale que dicha ley era inconstitucional por ser confiscatoria y por lo tanto violatoria del derecho de propiedad. No existe norma alguna en nuestra Constitución que le permita al Estado quitarle a unos para darle a otros el fruto de ese despojo a otros.
Pasado el tiempo ahora conocemos otras consecuencias nefastas del impuesto de la famosa oblea. Desde que el Estado nacional se empeño en perseguir el cobro del “impuesto docente”, bajo la recaudación del impuesto por patente automotor en todas las provincias.
Ahora las provincias tienen menos ingresos porque el Estado Nacional puede perseguir a quienes no pagan el “impuesto docente”, mientras las provincias que han sido víctimas del despojo de los registros de propiedad automotor que son federales, con placas de patentes que no permiten identificar la provincia de origen no pueden verificar en la práctica el pago de sus impuestos.
No solo demuestra este hecho de la baja de recaudación del impuesto automotor en las provincias que los ciudadanos ya no tienen dinero para seguir pagando la fiesta de gasto público, ni los lobbys de sindicatos, ni el lobby de los agentes financieros, sino que cada nuevo impuesto lleva al no pago de otros.
¿Cuantas provincias demandan ayuda nacional porque cae su recaudación de impuestos? Bien podrían demandarlo como compensación por el daño que el Gobierno Federal les causa estableciendo “contribuciones especiales e inconstitucionales” como el justamente vilipendiado Fondo de Incentivo Docente.
Aun cuando, además, todos sabemos que la educación sigue siendo de baja calidad y que es una ilusión pretender que por el mero aumento salarial los docentes mejorarán los resultados, este “impuesto” deja a las claras que los ciudadanos argentinos ya no tienen dinero para seguir pagando la montaña de impuestos que los persiguen.
En cuanto a la AFIP, está sigue en guerra con los contribuyentes al establecer valuaciones para el pago al Impuesto a los Bienes Personales claramente sobrevaluadas. En el caso de los autos donde al pagar el malhadado fondo de incentivo docente nuestros automóviles en realidad valen el 99% de su precio, ya que un 1% nos ha sido confiscado, no solo no ha tomado esa consideración sino que ha sobrevaluado los valores entre un 30 y un 130%.
Si esto no es la guerra contra la ciudadanía, poco podemos esperar.