N ° 03/2000
Buenos Aires, febrero 28 de 2000.-
La semana anterior vimos como la financiación de la política se había convertido en el centro del debate partidario republicano en los EEUU, al menos al comienzo de la campaña para elegir al candidato presidencial de dicho partido, veremos ahora otros aspectos del tema.
El precandidato demócrata Bill Bradley ha reclamado que la Fiscal General y Secretaria de Justicia, Janet Reno designe un fiscal especial para investigar los abusos financieros cometidos por Clinton y Gore durante la campaña presidencial de 1996.
Hasta ahora Janet Reno cumpliendo ordenes del Presidente Bill Clinton se ha opuesto a designar un fiscal para investigar las violaciones cometidas en especial por Al Gore quien solicito dinero desde despachos de la Casa Blanca lo cual esta prohibido por las leyes norteamericanas, en templos, y de ciudadanos extranjeros.
Al Gore ha negado en forma sistemática que hayan existido violaciones a las leyes de financiamiento. Pero el ex Senador Bill Bradley sostiene que ello es falso. Y no se trata de una estrategia meramente electoral.
Bradley ha señalado que el Comité Nacional Demócrata ha debido devolver cientos de miles de dólares para evitar la investigación, pero para entonces Clinton y Gore ya habían sido reelectos, que a pesar de ello hay 12 personas declaradas culpables por jurados, 70 que se ampararon en la Quinta Enmienda (no pueden ser obligados a declarar porque podrían autoincriminarse) y 16 o 17 abandonaron los EEUU para evitar ser enjuiciados.
Para Janet Reno no existe “suficiente evidencia” para la designación de un fiscal especial, lo cual es necesario por afectar la investigación al Presidente y al Vicepresidente. Mientras tanto la maquinaria electoral de Clinton y Gore pretende mostrar a Bradley como un “traidor”. Bradley dice que además de no resultar aceptable ese argumento partidario para obstruir una investigación, es el propio Gore quien está traicionando al partido Demócrata ya que si resulta candidato los republicanos forzarán la investigación en plena campaña presidencial.
Mientras tanto en New York se ha conocido que la mayor parte de los aportantes individuales a la campaña senatorial de Hillary Clinton, el 56%, pertenecen a otros estados. Esto aviva la campaña negativa sobre la senaduría neoyorquina que con Hillary Clinton es más bien una campaña nacional del matrimonio presidencial.
Adicionalmente como las leyes norteamericanas imponen limitaciones a los aportes monetarios de personas y compañías, Hillary Clinton ha recibido “aportes personales” de todos los ejecutivos, y sus familias, de algunas compañías tal es el caso de los ejecutivos californianos de Walt Disney que donaron U$ 56.500. Entre otras fuentes de donaciones de otros estados están figuras del jet set de Hollywood y los abogados graduados de Yale (estos han aportado U$ 666.879).
Lo interesante es ver como los políticos en todo el mundo encuentran “vueltas” para evadir leyes que limiten el financiamiento político. Se trata de algo que conmueve a todas las democracias, el elevadísimo costo de las campañas electorales y las restricciones terminan en violentas acusaciones, fórmulas más o menos prolijas para reunir el dinero, pero sin lograr resolver la cuestión de fondo, ¿Cómo financiar la política sin caer en los sobornos? ¿Cómo asegurar que los políticos no se vean “necesitados” en devolver favores por los aportes a sus campañas?
Como el estado es una institución necesaria para la vida en sociedad, la mejor forma de evitar los sobornos y “devolución de favores” sigue siendo reducir al máximo la intromisión del estado en la vida económica, en la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Si el estado no regula lo que no debe, ni se necesita, sino se mete en la actividad económica de sus ciudadanos se logrará mayor transparencia en la financiación de la política.