N ° 7/2006 - Año 7º
Buenos Aires, mayo 26 de 2006.-
Durante los años noventa tuvimos además del menemismo, del consenso de Washington un buen grupo de periodistas y políticos que se llenaron la boca creando un grupo de “emblemáticos”. Ellos eran los funcionarios de la Administración de Carlos S. Menem acusados de corruptos en forma reiterada, sujetos a campañas de prensa permanentes.
Para algunos menos avisados estaba claro que detrás de todo ello había ante todo una campaña política tendiente a deslegitimar las reformas de esa década y facilitar el retorno a un estado mercantilista y discrecional como él que sufrimos desde el año 2001.
El gobierno de la Alianza que encabezaron Fernando de la Rua y Carlos Chacho Álvarez prometió una agenda de presos, y en parte cumplió con ello. Lo que no estaba a la vista de todos es que esa agenda y esas persecuciones fueron fabricadas.
Hace pocos días en el diario La Nación una serie de notas expuso el reclamo judicial de Mattie Lolavar a su ex asociado Dick Morris. En la misma se expone con claridad como la Side habría contratado al consultor norteamericano (a través de una de sus empresas) para crear “pruebas” que incriminaran al ex presidente Carlos Menem en el atentado a la AMIA, y como manejar una campaña de propaganda y desinformación para convertirlo en el “gran culpable”.
Esto es lo que ha salido a la luz gracias a que con menos seriedad que la mafia, esta suerte de “consultores” políticos”, más bien difamadores rentados, ni siquiera cumplieron sus acuerdos de “honorarios”. Pero es fácil entender que si así se usaba el dinero de la SIDE para difamar un ex presidente, cuanto más se hizo para con los ex funcionarios que para Chacho Álvarez eran emblemáticos.
Basta recordar las tapas del entonces Página 12 y del gran Pravda (Clarín) donde señalaban el seguimiento de la conducta de los jueces y fiscales que tenían las causas de los emblemáticos, la difusión de cómo el mismísimo Fernando de la Rua había leído algunas denuncias de su Oficina de Persecuciones y Encubrimientos antes de presentarlas a los Tribunales, de las habituales notificaciones mediante la prensa de causas y denuncias que se informaban a ciertos periodistas antes de ser llevadas a los jueces.
Toda esa inmoral y delictiva conducta se disfrazaba de la usual lucha contra la corrupción, y en verdad esa era la verdadera corrupción. La Alianza y sus miembros eran unos inmorales. Los elegidos como emblemáticos resultan más bien hoy víctimas de una campaña digna del nazismo, no han sido siquiera condenados por alguna de esas resonantes denuncias, solo han destruido su reputación, a sus familias. Y todo lo se hizo bajo la falsa moralidad progresista, esa inmoralidad que ajusta las instituciones y los derechos a las necesidades de la política y la pertenencia al mismo bando.
Cuando esos políticos de la Alianza, mucho hoy funcionarios de la tiranía de Kirchner, hablan de moral, de ética en la función pública ahora está claro que clase de inmoralidad anima sus mentes y almas. Dan asco, no solo por lo que han hecho sino porque aun se permiten creerse superiores moralmente hablando, cuando solo han sirven a cualquier tirano que se disimule tras una manipulación electoral. Sus denuncias, sus “voces graves y compungidas” ya podemos tomarlas como son en verdad, como una mentira.