N ° 3/2006 - Año 7º
Buenos Aires, marzo 31 de 2006.-
Ya que hemos visto antes la concepción monárquica que Felipe Solá tiene del estado no resulta muy extraño que su recaudador de gabelas reales, don Santiago Montoya se crea digno por perseguir a los vasallos que se resisten a pagar los injustos tributos que sobre ellos caen.
Como siempre los autoritarios intentan disimular sus atropellos en la maldad y supuesta avaricia de sus perseguidos. Usan los recursos del Estado para presentar a sus víctimas como chupa sangres cuando menos. Y es tal el éxito de la prédica totalitaria que hasta podemos escuchar periodistas que se dan de liberales respaldar la persecución del cobro de impuestos de quienes no habrían declarado una casa o dejaron de pagar la patente de su auto.
Antes de aceptar que el no pago de los impuestos hay varias cuestiones republicanas que debemos considerar. Empezando por los nulos servicios que recibimos de la corona y su burocracia, ni justicia, ni seguridad, y además mediante el extorsivo manejo del “tesoro público” someten a los diputados para ser vasallos del rey no representantes del pueblo, y también a los intendentes. De donde los controles federales del poder mediante separación y federalismo no existen.
Como si eso no bastara veamos algunos de los casos de los “malhechores” que no habrían pagado la patente de un automóvil. Para empezar se empieza por decir que son autos de lujo y muy caros. Puede ser que lo sean, pero todo automóvil en Argentina cuando se vende 0 Km. Es un 50% de impuestos.
Sí esté leyendo bien, de cada peso que se paga por un auto la mitad son impuestos.
Entonces cuando Montoya y Solá hablan de un auto que vale 100.000 pesos por ejemplo y que debe unos 30.000 de patentes tenemos que ponernos a pensar que en realidad el Estado quiere cobrarse cada 5 años el 60% (sesenta por ciento) del valor del automóvil sin impuestos.
No hay forma que eso no sea confiscatorio.
Pasemos a las “casas en los countries sin declarar” que según Montoya son sus nuevos enemigos a quienes “republicana y democráticamente” les ha declarado la guerra. Ya el tono y las palabras nos advierten de los que Montoya y Solá, como la mayoría de los políticos argentinos piensan de nosotros.
Una casa nueva también tiene un componente de impuestos, los ladrillos, cemento, arena, puertas, ventanas, tejas, grifería, cables, caños, electrodomésticos, etc. pagan impuestos cercanos al 50% (cincuenta por ciento).
Es decir que cuando alguien construye una casa de 100.000 pesos paga en forma indirecta la mitad en impuestos. Podría haberse construido una casa el doble de grande, de confortable, mandada a sus hijos a un mejor colegio o haber comprado otros bienes y servicios, pero el Estado, nuestro Gran Hermano ya se cobró nada menos que la mitad de nuestro costo.
Pero con la hipocresía fiscalista entonces viene otra vez y dice que nuestro terrenito vale mucho más porque tiene una casa nueva. ¡Y vaya si es costosa que el estado ya cobro la mitad del costo!
Lo cierto es que eso sucede tanto para una casa como para una fábrica, lo que implica que en Argentina está castigado el que invierte y paga impuestos. Si un empresario construye una fábrica eso lo hará pagar más impuesto inmobiliario, pero la mitad del costo de su fábrica son impuestos. Lo mismo cualquiera de nosotros que construye una casa.
Desde el punto de vista de la competitividad está claro que esto desalienta las inversiones y la competitividad de las empresas argentinas. Desde el punto de vista de la actividad económica si el estado quisiera impulsar el progreso y el desarrollo debería hacer exactamente lo contrario, desgravar las nuevas construcciones con lo que habría mayor inversión en construcción y sus derivados.
Hasta el sindicato de UOCRA debería estar en contra este impuesto y pedir que se desgraven las nuevas construcciones ya que con ello habría más empleo para sus trabajadores.
Los primeros que deberían defender a esos propietarios son los sindicalistas de UOCRA, las cámaras de empresas construcción y de fabricantes de materiales y equipos de construcción. Son ellos quienes también pierden ventas, producción y empleo por la voracidad del estado monárquico que aun tenemos.
Todas estas son razones económicas y de desarrollo pero existe una más importante que es moral ¿Qué derecho da al estado que uno invierta su dinero en una casa para aumentarle los impuestos? ¿Qué hace el estado para tener derechos de asociarse a nuestra inversión?
Cuando un habitante de nuestra patria se construye su casa (y dejemos de lado si es lujosa o modesta ya que mañana con esa lógica seremos blancos o judíos, o lo que venga en gana al tirano de turno) ha tenido que pagar impuestos para comprar el terreno y escriturarlo, sobre los materiales, su impuesto a las ganancias y al patrimonio, no recibe ninguna mejora de parte del Estado, su inversión fomento la actividad económica y la recaudación, dio empleo y como resultado el estado lo castiga.
Ni Montoya, ni Felipe Solá, ni la gran mayoría de quienes defienden las revaluaciones catastrales por construcciones nuevas jamás se ha detenido por un momento a pensar en la injusticia e inmoralidad de su acción y prédica.
El Estado no tiene derecho, ni justificación para cobrar mayores impuestos por el gasto e inversión privada. Ni mucho menos se puede tolerar que cobre mayores impuestos sobre bienes cuyo precio incluye ya un 50% de impuestos. Cobra impuestos sobre otros impuestos.
¿No habrá un kiosco así para los ciudadanos?
¿Quién es el buitre, quien es un chupa sangre?
¿Qué dirían los políticos y gobernantes si un privado, un empresario o comerciante actuara de esta forma?
Se trata de un sistema de recaudación colonialista, donde los ciudadanos somos simples vasallos del monarca de turno.